El número de denuncias y de víctimas de la violencia de género en el primer trimestre del año en toda España ha disminuido con respecto al mismo periodo de 2023, en lo que supone el primer descenso desde la crisis sanitaria causada por el COVID-19. Los juzgados de violencia sobre la mujer registraron 45.899 denuncias presentadas por 43.580 víctimas, datos que son un 1,17 % y un 3,28 % más bajos que hace un año, respectivamente. Un leve descenso pese al que el número diario de mujeres víctimas en los primeros 91 días del año ascendió a 479 y el de denuncias, a 504.   

El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género ha hecho públicos hoy los datos trimestrales, que muestran un descenso del 16,44 % de las mujeres víctimas que se acogen a la dispensa de la obligación de prestar declaración y unas cifras de órdenes de protección que apenas han variado respecto al primer trimestre de 2023: se han acordado un 1,8 % menos. En cuanto a las sentencias, los órganos judiciales dictaron un total de 15.479, de las que el 79,94 % fueron condenatorias.  

El número de medidas civiles consistentes en la suspensión del régimen de visitas, que los juzgados de violencia sobre la mujer dictan para proteger a los hijos e hijas de las víctimas, mantuvieron la tendencia al alza mostrada desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Así, durante el primer trimestre de 2024, se adoptaron 1.014 medidas de este tipo, un 2,5 % más que hace un año.

Durante el primer trimestre de este año, los juzgados españoles recibieron un total de 45.899 denuncias, un 1,17 % menos que en el mismo periodo de 2023, en el que se registraron 46.443. Las mujeres víctimas de la violencia machista fueron 43.580, un 3,28 % menos que hace un año, cuando se contabilizaron 45.060. El 65,16 % de las víctimas tenía nacionalidad española. El número de víctimas menores tuteladas ascendió a 122.

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La tasa de víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres fue de 15,5 en toda España, 0,9 puntos más baja que en el primer trimestre de 2023. Por encima de la media nacional se situaron Navarra, 30,1; Baleares, con 27,3; Murcia, con 24; Comunidad valenciana, con 22,3; Canarias, con 22,1; Andalucía, con 19,9; y Madrid, con 17,9. Las tasas inferiores a la media nacional se registraron en La Rioja, con 10,6; Castilla y León, con 12; Galicia, con 12,2; Castilla-La Mancha, con 13,4; Extremadura, con 13,5; País Vasco y Cataluña, con 13,8; Aragón, con 14,3; Asturias, con 14,9 y Cantabria, con 17.

La proporción de denuncias presentadas por las propias víctimas, bien en comisaría bien en el juzgado, sigue manteniéndose constante. Dos de cada tres denuncias (33.132, el 72,19 %) fueron presentadas por la víctima, una cifra que sigue siendo muy superior a la de las denuncias presentadas por terceras personas: los familiares presentaron 808 denuncias (1,76 % del total); por parte de lesiones recibido directamente en el juzgado, 3.319 (el 7,23 %) y por servicios de asistencia y terceros, 1.221 (2,66 %). Por último, las denuncias por intervención directa de la policía, 7.419 en total, que representan el 16,16 % del total.  

El 9,21 % de las víctimas renunció a declarar contra su agresor

El porcentaje de mujeres víctimas que se acogieron a la dispensa de la obligación legal de declarar se redujo en torno a un punto porcentual con respecto al año anterior. En el trimestre analizado, renunciaron a declarar contra su agresor 4.014 mujeres víctimas, el 9,21 % del total. De ellas, 2.287 eran españolas y 1.721 tenían otras nacionalidades.

Más de ocho mil órdenes de protección acordadas

La disminución del número de denuncias y de víctimas apenas se ha visto reflejada en las órdenes de protección. Entre enero y marzo de este año se solicitaron en los órganos judiciales un total de 11.783 órdenes de protección, un 1 % más que hace un año. De ellas, 9.907 (84 %) fueron incoadas por los juzgados de violencia sobre la mujer y otras 1.876 (16 %) por los juzgados en funciones de guardia.

Las órdenes de protección acordadas sumaron en total 8.038, un 1,8 % menos que hace un año. Es decir, en el trimestre analizado se acordaron una media de siete de cada diez (68,21 %) órdenes de protección solicitadas. Los juzgados de violencia sobre la mujer acordaron 6.597, el 66,5 % de las solicitudes que recibieron, mientras que los juzgados de guardia acordaron 1.441, el 76,8 por ciento de las solicitudes registradas.

En el 46,2 % de los casos, la relación de pareja (cónyuge o relación afectiva) se mantenía en el momento de solicitud de la orden de protección al juzgado de violencia sobre la mujer o al juzgado de guardia. Dos de cada tres mujeres (6.522, el 65,8 %) que solicitaron protección eran españolas y un 2,7 % del total (españolas y extranjeras) eran menores de edad.

Medidas judiciales penales y civiles de protección

Los órganos judiciales acordaron también, derivadas de las órdenes de protección y de otras medidas cautelares, un total de 14.378 medidas judiciales penales de protección de las víctimas (mujeres y menores). De ellas, 11.212 (78 %) se acordaron en el ámbito de la orden de protección y 3.166 (22 %), como medidas cautelares.

En el ámbito penal, las más medidas frecuentes fueron las órdenes de alejamiento (5.657), que representaron el 67,26 % del total de órdenes de protección y medidas cautelares acordadas, y la prohibición de comunicación (5.591), un 66,35 por ciento del total de órdenes de protección y medidas cautelares acordadas.

Asimismo, los órganos judiciales dictaron 4.711 medidas cautelares civiles, cuya finalidad es la protección de la mujer y de los menores en tanto se resuelve el proceso penal. De ellas, 4.445 (94 %) se acordaron en el ámbito de la orden de protección y 266 (6 %), como medidas cautelares.

Las más frecuentes fueron las relacionadas con la prestación de alimentos (1.529), que representaron el 21,8 % del total de órdenes de protección y medidas civiles adoptadas, y la suspensión del régimen de visitas (1.014), el 14,52 % del total de órdenes de protección y medidas civiles adoptadas. Otras medidas civiles adoptadas fueron la atribución de la vivienda (984) y la suspensión de la guardia y custodia (537). Los juzgados de violencia sobre la mujer adoptaron también 17 medidas específicas de protección del menor para evitar un peligro o perjuicio y en 82 casos suspendieron la patria potestad.

Un 3,98 % más sentencias que hace un año

Los órganos judiciales (juzgados de violencia sobre la mujer, juzgados de lo penal y audiencias provinciales) dictaron durante los tres primeros meses del año un total de 15.479 sentencias, un 3,98 % más que en el mismo periodo de 2023. El 79,94 % de esas resoluciones (12.374) contenían un fallo condenatorio, lo que supone ocho de cada diez sentencias. Fueron absolutorias un total de 3.105 sentencias, el 20,06 por ciento.

El mayor porcentaje de condenas a maltratadores se produjo en los juzgados de violencia sobre la mujer, con el 91,36 %, y en las audiencias provinciales, con el 83,87 % del total de sentencias dictadas. Los juzgados de lo penal impusieron condenas en el 70,40 % de los casos enjuiciados.

Órgano

Total Sentencias

Sentencias Condenatorias

%

Sentencias Absolutorias

%

JVM

6.967

6.365

91,36%

602

8,64%

JUZGADOS DE LO PENAL

8.388

5.905

70,40%

2.483

29,60%

AUDIENCIAS PROVINCIALES

124

104

83,87%

20

16,13%

TOTAL

15.479

12.374

79,94%

3.105

20,06%

  • Juzgados de violencia sobre la mujer

Los juzgados de violencia sobre la mujer celebraron entre enero y marzo 1.962 juicios sobre delitos leves, un 3,6 % más que hace una año. De ellos, 835 (el 43 %) fueron de enjuiciamiento inmediato. Del total de delitos leves enjuiciados, un tercio (35 %) fueron injurias y el 47 %, vejaciones injustas.

Estos órganos judiciales ingresaron en el primer trimestre del año 61.702 asuntos penales, siendo el 63,3 % de los delitos instruidos los de lesiones y malos tratos previstos en los artículos 153 y 173 del Código Penal.

El número de demandas civiles presentadas por las mujeres víctimas de violencia machista -en su mayoría divorcios no consensuados y medidas relativas a la guarda y custodia o alimento de hijos e hijas- ascendieron a 7.047, un 9,4 % más que en el primer trimestre de 2023.

  • Juzgados de lo Penal

Los Juzgados de lo Penal, que enjuician delitos castigados con hasta cinco años de prisión, recibieron 8.629 asuntos en el trimestre analizado y resolvieron 8.721. El número de sentencias dictadas por estos órganos fue de 8.388, de las cuales fueron condenatorias 5.905 (70,40 %).

  • Audiencias Provinciales

Las Audiencias Provinciales, cuyas secciones especializadas en violencia sobre la mujer enjuician los delitos más graves, castigados con penas privativas de libertad superiores a cinco años, dictaron 124 sentencias, de las que 104 (83,87 %) fueron condenatorias.

  • Juzgados de menores

Por su parte, entre enero y marzo de este año los juzgados de menores enjuiciaron por delitos de violencia sobre la mujer a 94 menores de edad (hace un año fueron juzgados por estos órganos 80 menores de edad). Se impusieron medidas en 86 casos, de los que 76 eran relativos a menores españoles. En los otros 8 procedimientos no se impusieron medidas.

Valoraciones de la presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona

La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, Ángeles Carmona, advierte de que hay que ser prudentes en el análisis de los datos del primer trimestre del año y no avanzar conclusiones hasta comprobar si la disminución de las denuncias (de un 1,17 %) y víctimas (de un 3,28 %) responde a un hecho aislado o al inicio de una tendencia a la baja en las cifras que recoge la estadística.

Añade, en este sentido, que no deben sacarse conclusiones precipitadas pues existen dos posibles causas que requerirían de actuaciones diferentes: podría tratarse de una disminución de los casos de violencia machista, situación ante la que cabría mostrarse optimistas pero sin bajar la guardia y sin dejar de invertir y de desarrollar medidas de prevención, de atención integral a las víctimas y de persecución del delito por las Fuerzas de Seguridad del Estado y por la Justicia; y podría tratarse también de una reducción de las denuncias, circunstancia muy preocupante que requeriría un análisis en profundidad de sus causas y la puesta en marcha de nuevas medidas que contribuyeran a aumentar la confianza de las víctimas en las instituciones, poniendo de manifiesto la importancia de la denuncia como único medio para evitar la impunidad de los maltratadores y para dotar de mayor protección a las mujeres y a sus hijos e hijas.

Ángeles Carmona destaca que, pese a la reducción de las denuncias, los asuntos civiles (relativos a los procesos de separación) que ingresan en los juzgados de violencia sobre la mujer han aumentado un 9,4 % con respecto al año anterior. Un dato significativo en la medida en que es un hecho comprobado que el simple anuncio de la voluntad de separarse del maltratador es uno de los principales factores de riesgo para la vida de la víctima y también para la de sus hijos e hijas. Por su parte, la disminución de los procedimientos penales apenas ha alcanzado el uno por ciento.

La presidenta del Observatorio destaca también el dato de las víctimas que se acogieron a la dispensa del deber de declarar contra su agresor. Fueron 4.014, casi una de cada diez víctimas, lo que ha supuesto un descenso del 16,44 % respecto a 2023. Para Carmona se trata de un dato importante puesto que la declaración de la víctima es, en muchos casos, el único elemento de prueba que permite avanzar en el esclarecimiento de unos hechos delictivos que con enorme frecuencia ocurren sin terceras personas como testigos. “La renuncia a la dispensa -señala- evita la impunidad”.

Otro dato relevante para Carmona es el aumento, en un 17,5 por ciento, del número de menores de edad juzgados por violencia de género, un dato representativo del incremento que se observa en los últimos años de este tipo de delitos entre los más jóvenes. También muy elevado ha sido el porcentaje de menores condenados, que en el primer trimestre del año ha alcanzado el 91,49 % de los enjuiciados.

Por este motivo, la presidenta del Observatorio insiste en recordar a todas las instituciones con competencias en materia de educación y, en general, a toda la sociedad la importancia de educar en valores como la igualdad y el respeto desde edades muy tempranas. Y pide la colaboración de los centros educativos en la detección de posibles situaciones de violencia machista entre el alumnado. La contribución de estos profesionales resulta fundamental, ha asegurado.

Y, por último, un llamamiento a los medios de comunicación, para que sigan jugando el importante papel que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género les atribuye por su capacidad para llegar a todos los públicos. Su contribución es fundamental para dar la mayor difusión posible a campañas de concienciación frente a la violencia machista, así como para difundir un mensaje positivo a las víctimas. “Todas ellas deben ser conscientes de que se puede salir de la violencia, de que pueden volver a tomar las riendas de sus vidas y proteger a sus hijos e hijas. Sólo deben dar un paso adelante, pedir ayuda y denunciar”, concluye Carmona.

El informe y los datos estadísticos están disponibles en la página web:

https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estudios-e-Informes/Violencia-sobre-la-Mujer/

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